Sumario

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León han aprobado y yo en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 16.4 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno de la publicación de la siguiente

LEY

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Comunidad de Castilla y León, conforme al artículo 32.1.4 de su Estatuto de Autonomía, desarrollando la previsión contenida en el artículo 148.1.5 de la Constitución y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 149 de la misma, ostenta la competencia exclusiva sobre los transportes terrestres, fluviales, por cable o por tubería que transcurran íntegramente por su territorio.

A su vez, las Cortes Generales, mediante la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas, en relación con los Transportes por Carretera y por Cable, delegaron en la Comunidad de Castilla y León las funciones de titularidad estatal en dichas materias.

Por otra parte, el artículo 36.15 del Estatuto de Autonomía otorga a la Comunidad la competencia de ejecución sobre el transporte de mercancías y viajeros que tengan su origen y destino en su territorio.

La Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, viene siendo aplicada en esta Comunidad por vía supletoria en aras del funcionamiento armónico de un sistema común de transportes en todo el Estado. Sin embargo, la Sentencia del Tribunal Constitucional 118/1996, de 27 de junio declaró la inconstitucionalidad del Capítulo VII del Título III de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres dedicado en su integridad a los transportes urbanos, por entender que, debido a su carácter de intracomunitarios, se trataba de una materia de exclusiva competencia autonómica que debe ser desarrollada por cada una de las Comunidades Autónomas. La Sentencia implica, por tanto, una llamada al legislador autonómico para ejercer su propia competencia una vez excluida la posibilidad de una legislación estatal supletoria.

La declaración de inconstitucionalidad de la totalidad de los artículos dedicados a esta materia en la Ley estatal ha provocado un vacío normativo que suscita no pocos problemas para la ordenación de dicha actividad y para el ejercicio de las competencias municipales y autonómicas en este campo.

La experiencia acumulada a lo largo de los años en el ejercicio de las funciones que, en materia de transportes urbanos desarrollan las distintas Administraciones Públicas, ha puesto de manifiesto la existencia de una serie de problemas de ámbito supramunicipal, como son todos los relacionados con el crecimiento de las ciudades entre cuyos núcleos de población existen vinculaciones económicas, sociales o territoriales, la mayor demanda de transporte público, la ausencia de mecanismos específicos para coordinar las líneas de transporte urbano e interurbano, la dificultad de garantizar servicios de transporte en áreas de bajo nivel poblacional, junto con otros, que exigen una planificación conjunta y una gestión coordinada de estos servicios esenciales.

Por ello, con fundamento en las atribuciones citadas, se hace necesario adoptar las oportunas, medidas legislativas que permitan regular esta materia con una norma de máximo rango que fije suficientemente el marco de actuación y venga a colmar el vacío normativo creado por la Sentencia del Tribunal Constitucional, dotando a la Comunidad de una Ley ajustada a sus propias características. Debe señalarse, por último, que la norma recoge los principios básicos consensuados entre el Estado y todas las Comunidades Autónomas para ordenar esta materia, los cuales permiten conjugar un marco común para los transportes urbanos, con las necesarias adaptaciones derivadas de las peculiaridades de Castilla y León.

La norma que se ha elaborado se estructura en cinco títulos, dedicados, respectivamente a establecer las normas de carácter general, regular los transportes urbanos, determinar los modos y reglas de coordinación entre el transporte urbano e interurbano, fijar las condiciones para la prestación de servicios de transporte en automóviles de turismo y señalar el régimen aplicable a las infracciones y sanciones en esta materia.

El Título I fija el objeto y ámbito de la Ley y enumera las competencias de los Municipios y la Comunidad en la materia, completándose con unas definiciones que fijan el marco conceptual para el desarrollo de la Ley, al mismo tiempo que se reconoce la participación de los usuarios del transporte en el procedimiento de elaboración de las disposiciones y resoluciones administrativas.

El Título II está dedicado a los transportes urbanos, empezando por fijar el concepto de qué debe entenderse por transporte urbano con arreglo a los criterios establecidos por la mayoría de las Comunidades Autónomas en el sentido de considerar como urbanos los transportes que transcurren por suelos urbanísticamente clasificados como urbanos o urbanizables o bien aquéllos que unen núcleos de suelo con dicha clasificación.

La Ley se decanta por el régimen concesional como modo ordinario para la gestión de estos servicios, sin excluir ningún otro de los permitidos por la legislación vigente.

El Título III esta dedicado a solucionar los problemas derivados de la necesidad de coordinar los servicios de transporte urbano e interurbano. Se trata con ello de resolver las dificultades que se plantean en aglomeraciones urbanas con intensas relaciones intermunicipales. Como instrumento básico de coordinación se configuran los Planes Coordinados de Explotación, cuyo contenido y tramitación se ha simplificado todo lo posible y que, al entroncar con las previsiones de la Ley 1/1998, de Régimen Local de Castilla y León, resultarán muy eficaces a la hora de regular las relaciones entre servicios urbanos e interurbanos o de potenciar el funcionamiento integrado de las redes de transporte en aglomeraciones urbanas.

El Título IV se dedica íntegramente a la regulación de los transportes de viajeros en vehículos de turismo, o taxis, materia que en la actualidad se halla huérfana de toda regulación con rango de ley formal. Las normas que se establecen siguen las pautas adoptadas también por el resto de las Comunidades Autónomas, pero introducen novedades importantes al recoger y aclarar preceptos que se encontraban dispersos en normas reglamentarias, precisando algunos aspectos como la transmisibilidad de las licencias y la posibilidad de establecer un régimen de tanteo y retracto que permita reordenar el sector cuando resulte conveniente.

En materia de infracciones y sanciones, a la que se dedica el Título V, se sigue el contenido de la legislación estatal al objeto de no crear diferencias con los transportes interurbanos ni con el régimen aplicable en otras Comunidades Autónomas, pero se modifica la sistemática por medio de una mayor desagregación que facilita el manejo de la norma, al tiempo que se incorporan nuevas tipificaciones, que resultan necesarias para contemplar las infracciones relacionadas con el servicio de taxi y que ayudan, en todo caso, a dar mayor claridad a esta materia. Y ello en consonancia con la doctrina reiterada del Tribunal Constitucional relativa a que el artículo 25.1 de la Constitución reserva a la Ley la tipificación de los elementos esenciales de las infracciones administrativas, canon de constitucionalidad que prohibe la remisión de la Ley al Reglamento sin una previa determinación de los elementos esenciales citados y que ha sido precisado por el Alto Tribunal en numerosas Sentencias, destacando especialmente la STC 60/2000, de 2 de marzo, referida a la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.